En apenas unas semanas un ex-consejero de la Generalitat de Catalunya en tiempos de gobierno tripartito ha pasado de la libertad más absoluta a la condicional bajo fianza.
En términos rigurosos libres no lo somos nadie. Pero algunos lo son un poquito más que la gran masa de súbditos. No por el hecho de disponer de los 150000 euros que se exigían como fianza por la salida de prisión. Sino por la condición que ostenta uno de tantos individuos que milita en alguna formación política.
El afortunado Jordi Ausàs traspasó algún grado de libertad que no está al alcance de toda la militancia llamada de base. U obediencia, según como se mire. Según como se quiera mirar se situó en aquellas esferas que deciden lo que se considera contrabando, que solamente es importar más de 15000 euros de algún producto en un día sin pasar por la aduana. Deciden dónde se puede fumar y a qué precio, cuestión muy importante para que a alguien se le ocurra practicar oscuros negocios entre fronteras. Quizás en breve la electricidad, el gas o las bombonas de butano que aumentaron un 4, 2 y 6% respectivamente, sin IVA incluido y por decreto de los mismos de siempre se empiecen a pinchar de estados vecinos, que encima disponen de suficientes nucleares. Deciden incluso dónde se sitúan las fronteras a partir de las cuales a las transacciones comerciales se las llama importaciones, o contrariamente importaciones. Y hasta si Andorra tiene que seguir existiendo en el futuro más inmediato como un estado que de independiente no tiene absolutamente nada. Depende del contrabando de lo que sea desde tiempos inmemoriales.
Pero no deciden solamente esas nimiedades que les acabo de contar. Su inspiración se traduce en edictos que señalan la cantidad exacta que los jueces deben exigir a cualquier presunto culpable de un delito por pasar los días que le separan de la sentencia en la calle. En este caso queda claro que la cantidad es asumible por parte de un personaje vinculado con los parlamentos y despachos públicos. No es casualidad que también lo fuera para absolutamente todos los imputados que han ido deambulando por las salas de la justicia como Jaume Matas o Francisco Camps. En otros términos podríamos llegar a aseverar que unos somos más presuntamente inocentes que otros, también por decisión política.
Tampoco es mucho menos una nimiedad que en la trama de contrabandistas participara otro tipo de personajes situados en una escala inferior de la esfera pública. La policía, el ejército o la benemérita no son órganos decisores en la diferencia entre el contrabando y el puro comercio. Pero alguno de sus asalariados en mayor o menor medida lo ha practicado históricamente. O simplemente lo ha perdonado, encubierto o también sentenciado implacablemente.
Esperemos que como consecuencia de los recortes en sus salarios no se vean empujados a sacar rendimientos extraordinarios en actividades que nada tienen que ver con el orden público. El mayor lucro de todos se empieza a insinuar en círculos altamente alternativos como una alternativa coherente a la miseria que se empieza a expandir por los cuerpos de seguridad del estado. Cuando todo pinta en contra sólo resta sumarse a las movilizaciones del funcionariado civil o bien pasar a ejercer el poder reservado al político. Desde la tribuna administrativa es desde donde recuerden que se decide lo que es contrabando o aquello que se puede fumar, beber o inyectarse. Sólo tras un golpe de estado alcanzarían estos individuos la condición necesaria para legislar en su favor comercial. El primer término que confundirían en los textos el de requisa con la expropiación. El segundo aquello que hoy se describe como delito de corrupción siempre que la actual casta política se sumase al movimiento. Razones no les faltan a unos ni a otros. Sinergias tampoco.

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