Entre ceja y ceja, José Luis Rodríguez Zapatero llevaba legislar un matrimonio homosexual que carecía de derechos. El afecto extremo entre individuos del mismo sexo permanecía sin ser reconocido por un estado que ahora une lo que antes no separaba ni Dios.
Incluir como matrimonio civil una tendencia, considerada díscola y secularmente perseguida, fue una de las principales bazas de un gobierno incapaz de erradicar la pobreza o desigualdades sociales, estructuralmente muy arraigadas. Un gabinete socialista necesitaba este tipo de proezas, para adueñarse de un espacio electoral en la hedonista España que iba camino de la esclavitud, sin saberlo, antes del estallido de la burbuja más grande de todos los tiempos.
La izquierda festejaba este logro por todo lo alto. Se reanudó el festín recientemente, cuando el Tribunal Constitucional dio el visto bueno a la ley que Zapatero trajo al misterioso mundo de los códigos jurídicos.
En los subterráneos inframundos, el amor nunca ha estado prohibido. Las más férreas dictaduras no se atrevieron a censurar los sentimientos que cada uno tiene sobre los demás. Con Franco tampoco pasaba. Molestaban al régimen las muestras públicas que poco a poco fueron habituales en nuestros íntimos alrededores. La transición trajo un destape que fue evolucionando. Terminaron viendo la luz los ejercicios sexuales entre individuos de un mismo sexo en la calle, en las pantallas y en el bar. Hasta aquí todo transcurría perfectamente, pero de evolucionar se trata. La clave de la convivencia en el ámbito público es permitir cualquier comportamiento que no cause ningún dolor al resto de la comunidad. De modo simple queda asegurada la paz social cuando esta máxima la respetan todos los actores del espectáculo.
En el ámbito privado la máxima no es exactamente así. En círculos reducidos tenemos claro lo que está o no permitido. Si tenemos alguna duda lo preguntamos. A base de diálogo construimos relaciones entre personas y redactamos nuestras propias leyes que difieren según habitáculo. En el bar no se puede fumar por respeto al pulmón del vecino. En casa está permitido si la vecina no expresa lo contrario. Las minúsculas comunidades suelen consensuar las decisiones de sus miembros (y/o miembras). Pero, por ejemplo, la comunidad no es parte de los ejercicios sexuales de unos pocos ni lo debe ser nunca. En caso contrario la constitución podría declarar la nación en estado de orgía. Tampoco suele ser habitual la crianza de los hijos por parte de muchos más efectivos que sus familiares. Por mucho biberón que le den al bebé las criadas, la decisión de dárselo suele correr a cargo de los padres.
Pues a Zapatero no se le ocurrió otra cosa que reconocer la unión en familia de parejas homosexuales para equiparar a individuos con preferencias libidinosas distintas. En aras a la igualdad que un pedazo izquierdista tiene que asegurar, fue el icono mundial del matrimonio entre individuos del mismo sexo. Podía haber optado por lo contrario y asegurar otros bienes mucho más preciados, además de la igualdad. Tal como suena, podía haber retirado los tentáculos del estado de cada hogar, pero prefirió meterlos hasta lo más recóndito de la cocina. La libertad de convivencia aparece como interrogante hasta en la sopa.
Zapatero tuvo la opción de igualarnos a todos los individuos como propiamente somos, personas. Desaprovechó una oportunidad histórica para dejar de reconocer el matrimonio entre individuos de distintos sexos. ¿Quiénes son los demás para refrendar el amor de dos personas, tres o de un grupo de individuos y algunos animales de sexos distintos o similares? No son nadie, pero era preciso hacer creer que sin el refrendo estatal el amor es imposible. Es preciso hacer creer, tras cada separación, que la potestad de decidir el desenlace de dos personas está en manos de quienes no somos parte de una relación estrictamente privada. Somos cada vez más los demás quienes decidimos con quien se quedan los hijos. los padres, los abuelos y el servicio doméstico (al retrete me refiero).
La decisión del Tribunal Constitucional representa el final de una de aquellas conquistas que tiene todas las características de convertirse en un monumental tiro por la culata. En lugar de hacer retroceder la intromisión del estado en las vidas particulares, la proyecta hasta el infinito. En lugar de legislar la posibilidad de elegir beneficiario, o beneficiarios, de una posible pensión de viudedad, se convierte el matrimonio como la única vía de disponer de esta contraprestación cuando el alma económica de un hogar, formado por quien quiera libremente, perece. Es posible repartir la paga entre las varias parejas de un declarado polígamo que cada vez abundan más por nuestras geografías. Incluso es posible evolucionar hacia una poligamia también femenina, todavía muy minoritaria en términos planetarios.
Tiempo ha pasado desde que mujeres y en menor medida hombres de corta edad, contraían matrimonio con aquella pareja que los mayores decidían. Algunas etnias que residen a pocos metros de nuestras paredes todavía conservan tradiciones de este tipo. Otras han abandonado estas costumbres que cercenan el amor entre seres que van a tener que convivir a regañadientes el resto de su vida. La libertad de matrimonio entre individuos de distintos sexos también fue uno de los valiosos logros de luchas pretéritas, batalladas en cada casa y rematadas en cada habitación. La línea podía proseguir sin la necesidad de sustituir el ancestral papel de la casta familiar por la política. ¿Terminará el parlamento decidiendo con quién nos tenemos que casar?
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Tiro por la culata el matrimonio homosexual
Látigo alcaldable

Como es tradición dedico otro sábado a relatar las peripecias en las que nos vemos envueltos fruto de las cuentas municipales estropeadas. Los ayuntamientos están secos de liquidez y deben millones de facturas. Como consecuencia del plan de morosidad esta semana se han ido conociendo las estrategias más comunes descritas en los planes de viabilidad de los municipios.
Las facturas atrasadas se subsanarán mediante créditos del ICO pero no a cambio de nada. A los ayuntamientos se les exige un plan que acredite la capacidad de pagar en el futuro. Por si le suena la historia compárela con los planes de rescate de Grecia y más o menos se trata de lo mismo. Los rescatadores creen que los milagros no existen y no se atreven a hacer circular la liquidez por las buenas. El plan dirigido por el gobierno central trata exclusivamente de subsanar las cuentas de los proveedores municipales.
En los planes de viabilidad que acompañan el anticipo de los papeles impagados aparecen mayoritariamente las medidas que en cualquier empresa privada podriamos imaginar. Las entidades públicas se resignan a entrometerse en la actividad económica reservada a la iniciativa privada. Pero en este proceso también empiezan a adoptar actitudes que se creían reservadas a las empresas. Por un lado piensan los consistorios llevar a cabo los primeros expedientes de regulación de empleo. Por otro cerrarán empresas municipales que dejarán en la calle a la totalidad de sus empleados. Para rematar la faena las subidas de impuestos equivalen al objetivo empresarial de aumentar ventas, en este caso por decisión unilateral.
Por poner un ejemplo de uno de los ayuntamientos más problemáticos de España. En Jerez se ha optado por despedir a unos 300 empleados de manera directa. Por otra parte 90 que componen las plantillas de algunas empresas municipales seguirán el mismo camino.
La solución de hoy parece macabra pero mecere la pena comentarla. Verán que admite variantes de todo tipo, incluso muchas que no ha percibido el mismo que le escribe. Para gusto y disfrute de aquellos que ven solamente ineficiencias en todas las funciones del estado que van más allá del mantenimento del orden establecido. Seguramente por ellos mismos o algún antepasado remoto de su mismo linaje. Se trata de profundizar en una de las atribuciones más antiguas del sector público. El monopolio de la violencia en manos del estado permitiría cambiar la función de la vara de mando del alcalde. De finalidad simbólica a posibilitar el recobro de deudas. Los ayuntamientos tienen en sus manos la potestad de exigir pagos, cosa que practican habitualmente embargando cuentas. Pero podrían ir mucho más allá. En este proceso de saneamiento sería posible intercambiar papeles incobrables de bancos por papeles incobrables del consistorio. En manos de la autoridad pública la persecución del moroso siempre será mucho más eficaz que desde instancias particulares. Las empresas dedicadas a estas tareas son capaces de amenazar simbólicamente a un conjunto creciente de individuos. Pero nunca lograrán resultado alguno sin la complicidad del amenazado. Los papeles incobrables del sector privado son multitud. Los del ayuntamiento una gota en el océano de deudas privadas. El intercambio se me antoja sencillo y favorable a los representantes del pueblo. De ellos dependería la gestión de unos préstamos que queman en las manos de banqueros. De todos continuar con la linea trazada en este mismo artículo u optar por renunciar al cobro.
El próximo sábado seguiré con otra eggs-clusiva encaminada a evitar la quiebra de los ayuntamientos. Disfrute de las procesiones que simbólicamente acompañan la muerte de un personaje con el que todavía nos mantenemos en deuda.
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